Texto de la rueda de prensa del 26-V-05
Amara Berri recurre contra Ayuntamiento y Gobierno Vasco
Morlans impugna su nueva escuela
- Sus representantes consideran nulos todos los pasos que han llevado a la actual situación.
- Y piden que, como exige la ley, el nuevo centro se mantenga en el barrio.
El conflicto por el traslado de la escuela de Morlans, perteneciente al Colegio Público Amara Berri toma un nuevo derrotero, desde este jueves, 26 de mayo de 2005. Los representantes del centro escolar han decidido impugnar todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por el Ayuntamiento de San Sebastián y la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, según se ha informado en rueda de prensa. “Existe un gran número de irregularidades en todos los procedimientos llevados a cabo por ambas instituciones que, en nuestra opinión, llevarían a declararlos nulos”, explicó Iñaki Goikoetxea, abogado especialista en Urbanismo y padre de una de las alumnas afectadas.
Al margen de otras consideraciones, el edificio propuesto, que constaría de seis plantas, “incumple la normativa en cuanto a la altura máxima que la ley contempla para los centros de enseñanza primaria y que no puede exceder de tres. Además la parcela del nuevo centro no llega ni a la mitad de los 7.200 metros cuadrados que la normativa vigente exige”, añadió el letrado, basándose entre otras normas jurídicas, en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 04.11.1991, por la que se aprueban los programas de necesidades para la redacción de proyectos de construcción de los centros docentes de educación primaria y otros. “Por si esto fuera poco, ambas instituciones, a base de un trasiego de alumnos a través de la vieja Escuela de Comercio, que se quiere remozar, pretenden que durante al menos media docena de años niños de primaria – de seis a doce años – deban compartir un patio reducido a su mínima expresión, con más de un millar de alumnos de bachiller”, precisó Goikoetxea.
Eli Alba, directora del Centro, argumentó que “si algo hay que proteger son precisamente los derechos de los actuales alumnos y alumnas de Morlans, cuya situación empeoraría hasta límites insoportables si se llevaran a cabo los planes previstos. Y nadie quiere ir a peor”.
Los derechos de los menores, además, están especialmente tutelados por la Ley de Protección y Atención a la Infancia y la Adolescencia que el Parlamento Vasco aprobó el pasado 18 de febrero de 2005. Dicha ley declara que el “interés superior de los niños, niñas y adolescentes en la protección de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo, deben ser el principio inspirador de las decisiones y actuaciones públicas que guarden relación directa con ellos, y en particular, de todas las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa o por las instituciones públicas responsables de su atención y protección”. Y reitera que “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo deben primar sobre cualquier otro interés legítimo concurrente”.
Y refiriéndose en concreto al Derecho a la Educación y a la atención educativa dispone que “los centros educativos reunirán las condiciones de diseño y equipamiento necesarias al adecuado desarrollo de las capacidades físicas y mentales de los niños, niñas y adolescentes. En particular deberá velarse por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad”.
Todo esto choca de manera frontal con la justificación que da el Plan Espacial para la zona adonde se quiere llevar el centro, según el cual “el motivo del traslado de las actuales escuelas de Morlans está en la importantísima actuación de vivienda protegida que el Ayuntamiento va a acometer en breve en la vaguada de Morlans, resultando innecesario, a estas alturas, insistir sobre la importancia y la urgencia que las actuaciones en materia de vivienda revisten en esta ciudad”.
Por otra parte, las Leyes del Suelo exigen que los Planes Generales reserven las parcelas necesarias para equipamiento docente en la cantidad suficiente para atender a la población a la que deben de servir. “Amara Berri y el Centro tienen un déficit tremendo de equipamiento escolar público. Si quitamos la actual escuela y en el nuevo barrio de Morlans, no se construye otra, nos encontraríamos ante la gigantesca paradoja de que se reduciría drásticamente el número de plazas escolares, siendo así que la potencial población infantil crecería precisamente con las VPO-s a construir”, argumentó Gorka Reizabal, miembro de la Comisión de Morlans.
Iñigo Arzelus, otro de los miembros de la Comisión, explicó el cambio de postura que se ha producido en los últimos días, dado que en la anterior rueda de prensa, el pasado diez de mayo, sólo se oponían al traslado provisional a Comercio, pero daban a entender que sí aceptaban uno sólo al colegio definitivo: “En el devenir de los acontecimientos nos hemos dado cuenta de que el planteamiento que se nos quería imponer era el resultado final de un cúmulo de actuaciones cada una peor que la anterior para nuestros hijos e hijas. Y el movimiento de solidaridad desencadenado en toda la comunidad escolar ha abierto la “caja de Pandora” y nos ha empujado inexorablemente a esta especie de “enmienda a la totalidad”. No queda más remedio que volver a empezar sin prisas partiendo de la propia cultura del centro educativo: buscar consensos, dialogar y llegar a acuerdos. Aún estamos a tiempo de desandar lo andado y de no aceptar hechos todavía no consumados. Es una manera de hacer ciudad y construir país. Los edificios escolares no se levantan para unos pocos años, sino para varias generaciones. No podemos hipotecar el futuro, pues por lejano que parezca, a lo mejor no estamos sólo hablando de nuestros hijos, sino también de nuestros nietos”.
